DesconfiAR: eso que hacemos cuando nos piden nuestros datos

“Como parte integral de las estrategias de prevención y cuidado de la salud pública ante la pandemia Covid-19, el Gobierno nacional desarrolló el sistema y aplicación Cuidar (Decisión Administrativa 432/2020). El uso de métodos y tecnologías de la información para detectar tempranamente los casos y garantizar la atención y seguimiento, así como para evitar la transmisión del virus, está extendido en el mundo y apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Así explica la Secretaría de Innovación Pública la creación de la app multipropósito que permite  el “autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus” y además se vincula y permite tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC). En este desarrollo público-privado estuvieron involucrados con distintos roles desde la Fundación Sadosky, el CONICET, ARSAT y empresas como Globant y Amazon Web Services.

Al descargar la aplicación, se solicitan una serie de datos: nombre, número de documento, número de trámite del DNI, género y número de teléfono. La suspicacia y desconfianza sobre la entrega y manejo que el Estado realiza de los datos personales de los y las ciudadanas no es una novedad. Las sospechas de usos indebidos y de vigilancia estatal sobrevuelan cada vez que alguna iniciativa gubernamental va en la dirección de recolectar de forma masiva datos de las personas.

El 7 de noviembre de 2011, con el Decreto N° 1766/2011 se creó el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), firmado por Fernández de Kirchner, Anibal Fernandez, Florencio Randazzo y Nilda Garré. Tal como allí se expresa su objeto es prestar un servicio centralizado de información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el apoyo a la función preventiva de seguridad. 

En 2016, la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Marcos Peña, resolvió utilizar las bases de datos que posee la ANSES para realizar políticas y estrategias de comunicación. “Se ha suscripto entre la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Administración Nacional de la Seguridad Social, un Convenio Marco de Cooperación, mediante el cual se establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información entre las partes firmantes, contenida en sus bases de datos consolidadas”, se indica en la resolución. Más de dos años después la Justicia falló en contra del uso de datos de ANSES por parte del Gobierno: “no pueden ser cedidos en el marco de la Resolución No 166-E/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros por la cual se aprobó el Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Nacional de Seguridad Social y la Secretaría de Comunicación Pública”.

La polémica se reactiva en parte con la creación de la app Cuidar aunque en un contexto particular de emergencia sanitaria. Los cuestionamientos centrales que se hicieron a las primeras versiones del aplicativo fue su obligatoriedad, mencionada por el propio Presidente de la Nación y luego corregida por el Jefe de Gabinete, quien afirmó que solo promoverían su uso. Si la app fuera de uso obligatorio, como más recientemente sugirió el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Estado estaría obligando a los ciudadanos a instalar un software en sus teléfonos y atando a ello la posibilidad misma de circular o ir a trabajar. A su vez sería una política discriminatoria por la forma desigual en que están distribuidos los recursos de la comunicación, tanto dispositivos como conectividad: no todos cuentan con teléfonos inteligentes, banda ancha  o paquetes de datos suficientes para descargar y navegar el aplicativo.

Las organizaciones de la sociedad civil que estudian temas referidos a derechos en entornos digitales y distintos expertos en seguridad informática, manifestaron además su preocupación sobre la obligatoriedad de permitir por defecto la geolocalización, especialmente en algunas versiones más antiguas de Android, lo que permitiría al Estado trackear en tiempo real la ubicación de las personas. Otro tema clave fue también la imposibilidad de auditar el código y la prohibición inicial de realizar ingeniería inversa para conocer qué hace la app. Algunos de los defectos de las primeras versiones, despertaron interrogantes sobre la proporcionalidad de las atribuciones del aplicativo en relación al problema que venía a solucionar; también se cuestionó la ausencia de una cláusula de caducidad que dijera claramente que, una vez finalizada la crisis sanitaria que dio origen a la app, todos los datos recolectados serían eliminados y no utilizados para otros fines.

Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Innovación Pública, que conduce Micaela Sánchez Malcolm publicó una serie de especificaciones que evacuaron la mayor parte de estos cuestionamientos. Sigue no obstante la objeción sobre las medidas de seguridad sobre los datos recopilados en la medida que el software envía datos a servidores fuera de la jurisdicción nacional (AWS en Estados Unidos), lo que a su vez se explica por una cuestión de costos y eficiencia.

 La desconfianza sobre el almacenamiento, retención y usos de los datos de los ciudadanos por parte de los Estados es una constante, independiente del signo político del gobierno de turno. Es que, como suele decirse, conspiranoia al margen, toda tecnología que pueda usarse para la vigilancia, será usada para la vigilancia.

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